El evento desafortunado en que perdiera la vida el ministro del interior mexicano (secretario de gobernación) Juan Camilo Mouriño, junto con, hasta ahora 14 personas más, entre pasajeros de la aeronave y víctimas en tierra ha traído toda suerte de declaraciones y especulaciones respecto a las causas del desplome de la aeronave. A las pocas horas de la tragedia, Felipe Calderón hablaba de profundizar en las investigaciones y mantener información puntual y transparente de las "pesquisas", mientras Luis Tellez y el equipo técnico nacional y extranjero se esmeraban en determinar que aquello había sido un accidente, con el embajador Garza de vocero. El panismo en voz de su coordinador en la cámara alta, prometía entre líneas que su muerte a manos del narco no sería en balde, pues por su memoria que no dejarían que la droga llegara a sus hijos.
Unas y otras versiones, con mayor o menor sustento se barajan aquí y allá, nadie atreviéndose a desmentir en ningún sentido.
En un afán privatizador exacerbado, donde la única función aceptable del gobierno debe ser la de otorgar contratos y licitaciones a particulares de todo lo demás, se otorgó a la empresa contratista Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva la operación y mantenimiento del Learjet 45 donde viajaban los hoy finados. Misma que al parecer asignó pilotos sin experiencia en este tipo de aeronaves para operar el pequeño avión. Cuando tradicionalmente en el pasado, los pilotos de las aeronaves propiedad del estado eran pilotos aeronavales, preparados y validados por el ejército mexicano.
Bajo esta premisa, es lógico pensar que la validación de la empresa y sus pilotos fue responsabilidad de la secretaría de gobernación, cuyo titular era Juan Camilo, y, a la luz del patrón que se vino observando desde la incursión de este en la vida política del país, donde a mayor importancia en el cargo, mayor la cuantía de contratos otorgados por el gobierno federal a las empresas de su familia, de las cuales, él nunca dejó de formar parte, en ostensible conflicto de intereses, me atrevo a aconsejar al secretario de comunicaciones y transportes, Luis Tellez, que lo que debiera hacer, en vez de hurgar entre los fierros retorcidos pistas inexistentes para descartar la posibilidad del atentado, debiera buscar en los documentos y actas constitutivas de Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, donde no sería extraño encontrar el nombre de Iván o de su hermano Carlos, lo que lo habría convertido no solo en cliente, si no a su vez en propietario de dicha compañía, de este modo, quedaría de una vez y para siempre conjurado él fantasma del atentado, pues habría entonces sido un suicidio.
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